Guinea Ecuatorial rechaza las sanciones de Reino Unido contra el vicepresidente y las califica de «ilegales»

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El Vicepresidente de Defensa y Seguridad de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue
El Vicepresidente de Defensa y Seguridad de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue

Las autoridades de Guinea Ecuatorial han condenado este sábado las sanciones impuestas por el británico contra el del país, Mangue, y han calificado dicha medida de «ilegal».

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Guinea Ecuatorial ha trasladado su «repulsa» a estas sanciones y ha rechazado que el alto cargo haya incurrido en delitos de malversación de fondos, tal y como ha señalado Londres.

«Obiang Mangue no ha realizado en ningún momento inversión alguna en Reino Unido, ni ha tenido nunca causa judicial abierta en ese país ni en Guinea Ecuatorial por ningún motivo, mucho menos por malversación de fondos», aclara el texto.

Así, indica que las sanciones carecen de fundamento y únicamente tienen su justificación en las «manipulaciones, mentiras e iniciativas malévolas que promueven ciertas organizaciones no gubernamentales contra la buena imagen» del país y sus «representantes legítimos».

El Ministerio ha reafirmado así la «determinación del de seguir desarrollando relaciones de amistad y cooperación con todos los países sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de los estados» y ha alertado a la comunidad internacional del «peligro» que representan las «maniobras y acciones de esta naturaleza unilaterales violatorias del Derecho Internacional, que contravienen flagrantemente la
carta de Naciones Unidas y crean un ambiente de hostigamiento contra los demás estados».

El británico anunció el jueves una batería de sanciones por corrupción contra una serie de personas en Venezuela, Guinea Ecuatorial, Irak y Zimbabue, entre ellos Obiang Mangue. El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, quien alertó de que estas sanciones implican la congelación de activos y una prohibición de viaje para los afectados.

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